Isabel Perell, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, ha expresado su firme apoyo a los jueces y magistrados que enfrentan una oleada de descalificaciones y ataques verbales por parte de miembros del Gobierno.

Durante su intervención en la inauguración de las XXXIII Jornadas de Jueces Decanos de España, Perell hizo un llamado a la recuperación del respeto por los tribunales y la justicia.

Aunque evitó nombrar al Gobierno directamente, sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a las críticas dirigidas a Ángel Hurtado, un juez de la Sala Segunda que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Perell ha denunciado que las recientes arremetidas del Ejecutivo, especialmente del partido en el poder, el PSOE, han alcanzado niveles preocupantes.

La presidenta del TS ha advertido sobre la 'pérdida de respeto' hacia las instituciones judiciales, condición que a su juicio es fundamental para la convivencia democrática.

En su discurso, Perell hizo hincapié en que a pesar de que las decisiones judiciales son objeto de debate y crítica, no se puede aceptar las descalificaciones personales ni las presiones sobre los jueces, ya que esto socava la función del Poder Judicial según lo establecido por la Constitución española.

Además, subrayó que el sistema judicial cuenta con mecanismos para corregir posibles errores en las resoluciones, lo que garantiza la imparcialidad de la justicia.

Por lo tanto, cuestionar públicamente las decisiones de jueces específicos y la legitimidad de las instituciones judiciales es inapropiado en un Estado democrático, consideró Perell, instando a todos los poderes públicos a promover la confianza en las instituciones democráticas.

El Gobierno, a través de declaraciones del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reivindicado su derecho a discrepar públicamente de las resoluciones judiciales.

Bolaños ha insistido en que expresar desacuerdo no es incompatible con el respeto a las decisiones judiciales, afirmando que esto forma parte del ejercicio de la libertad de expresión que se garantiza en una democracia.

El ministro añadió que se debe reconocer el trabajo de la mayoría de los jueces y magistrados que actúan con rigor e imparcialidad.

La situación ha sido crítica en el contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

En respuesta a los problemas actuales, jueces y fiscales llevaron a cabo un paro de diez minutos en los juzgados y tribunales, pidiendo protección y defensa de la independencia judicial ante reformas consideradas amenazadoras.

La relación y la dinámica entre el Gobierno y el Poder Judicial continúan siendo objeto de intenso debate y tensión, especialmente en el marco de las acusaciones y críticas que se han intensificado en las últimas semanas.

En paralelo, el Tribunal Constitucional se ha enfrentado a cuestiones sobre la ley de amnistía. Recientemente, el pleno del tribunal decidió que no abriría un trámite de audiencia respecto a la posible cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta ley.

La votación reflejó divisiones internas, con magistrados del bloque conservador abogando por un retraso en las decisiones hasta que el TJUE se pronuncie.

Asimismo, el Constitucional ha mantenido en vigor la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que había sido derogada por el Gobierno autonómico del PP y Vox, lo que indica el tenor de las decisiones actuales y el clima de polarización que persiste entre las diferentes instituciones del Estado español.

La independencia del Poder Judicial y la integridad de las instituciones democráticas están en el centro del debate político, reflejando las complejidades y las tensiones en el sistema judicial español.