En un movimiento controvertido, la administración del ex presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en una reciente noche de viernes invocando una ley poco conocida del siglo XVIII destinada a deportaciones en tiempos de guerra.

Esta directiva resultó en la deportación acelerada de más de 200 inmigrantes venezolanos, que supuestamente están vinculados a una pandilla conocida como Tren de Aragua, hacia El Salvador.

A pesar de una prohibición de emergencia emitida por un tribunal, el juez James E. Boasberg de un tribunal federal en Washington prohibió temporalmente al gobierno deportar a cualquier inmigrante basado en esta legislación.

Expresó dudas de que la ley proporcionara una base legal válida para las acciones del presidente, ordenando que cualquier vuelo que transportara inmigrantes venezolanos bajo esta orden ejecutiva debiera regresar a los Estados Unidos.

Representantes legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda contra el gobierno, indicaron que al menos dos vuelos ya habían despegado para la noche del sábado.

El juez Boasberg enfatizó la necesidad de cumplir con su orden, afirmando: "Esto es algo que el gobierno debe asegurarse de que se cumpla."

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado de Trump, reconoció las implicaciones de la orden en una publicación en redes sociales, respondiendo a la decisión del juez con “Oopsie, demasiado tarde”. Bukele ha acordado aceptar a 300 inmigrantes a un costo anual de seis millones de dólares, un acuerdo que al parecer fue negociado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Rubio confirmó el domingo que 250 presuntos miembros de Tren de Aragua habían sido enviados a El Salvador, donde se espera que sean detenidos en prisión.

Lee Gelernt, un abogado de la ACLU, planteó preguntas sobre si las deportaciones en sí mismas constituían un desafío a la decisión del juez, afirmando: "Pedimos al gobierno que asegure al tribunal que su orden no fue violada mientras llevamos a cabo nuestra propia investigación."

La legislación invocada, conocida como los Actos de Extranjería y Sedición—específicamente la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798—permite deportaciones sumarias de individuos de países en guerra con los Estados Unidos.

Históricamente, esta ley se ha aplicado con moderación, con instancias observadas durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, notablemente cuando se internaron a estadounidenses de origen japonés.

La asociación de la administración Trump de Tren de Aragua con adversarios bélicos del pasado refleja un esfuerzo por caracterizar a la pandilla como una amenaza significativa.

En una declaración oficial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró a Tren de Aragua una "amenaza urgente," etiquetándola como uno de los grupos más violentos del mundo, responsables de graves crímenes dentro del país.

Si bien ha habido acusaciones contra individuos identificados como miembros de Tren de Aragua por delitos graves, las tasas generales de criminalidad en las principales ciudades de EE. UU. han visto un declive general tras un aumento relacionado con la pandemia.

En respuesta a los eventos recientes, el gobierno venezolano condenó el uso de tales legalidades en tiempos de guerra, trazando paralelismos con algunos de los capítulos más oscuros de la historia, incluyendo la esclavitud y los campos de concentración nazis.