El marco de gobernanza económica revisado de la Unión Europea, que incluye el Pacte de Estabilidad y Crecimiento (PEC) actualizado, entró en vigor el 30 de abril de 2024, con su aplicación comenzando en 2025. Esta reforma busca asegurar posiciones fiscales sostenibles en los estados miembros, consideradas esenciales para mantener la estabilidad de precios y fomentar el crecimiento económico dentro de la Unión Económica y Monetaria.

El PEC revisado enfatiza la interdependencia de la sostenibilidad fiscal, las reformas y las inversiones, abogando por un enfoque holístico a la gestión económica.

Un hito significativo en la implementación de este marco fue la presentación y aprobación del primer conjunto de planes nacionales de medio plazo de fiscalidad estructural (PMF) por parte de los estados miembros de la UE.

Estos planes, que generalmente abarcan de cuatro a cinco años, delinean las trayectorias de gasto neto público de cada estado y detallan estrategias para inversiones y reformas que abordan los desafíos clave identificados en el proceso de revisión del Semestre Europeo.

La mayoría de los estados miembros recibieron la aprobación del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) el 21 de enero de 2025, siendo Italia uno de los países que presentó su PMF.

El 19 de marzo de 2025, la Comisión Europea propuso una activación coordinada de la 'cláusula de escape nacional', permitiendo a los estados miembros desviarse de las trayectorias de gasto establecidas para acomodar un aumento en el gasto en defensa debido a la intensificación de las tensiones geopolíticas.

La cláusula permite un aumento flexible de hasta 1.5 puntos porcentuales del PIB por año durante un período de tres años para fines de defensa, si un país solicita su activación.

Sin embargo, esta flexibilidad está condicionada a mantener la sostenibilidad fiscal a medio plazo, evitando desviaciones que amenacen la salud fiscal.

Los estados miembros que aún no hayan presentado planes también serán elegibles para un tratamiento equivalente al invocar la cláusula de escape nacional.

Una revisión de los PMF revela una mezcla de caminos fiscales y las implicaciones asociadas para la deuda pública, el crecimiento y la inflación.

Los nuevos mecanismos de vigilancia fiscal reemplazan enfoques anteriores al centrarse en el análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD), estableciendo trayectorias para el ajuste fiscal consistentes con la reducción de la deuda pública durante un período de ajuste de típicamente cuatro años, ampliable a siete bajo condiciones específicas.

Bajo el marco reformado, los estados miembros ahora están sujetos a requisitos de ajuste fiscal diferenciados basados en sus trayectorias de deuda proyectadas.

El nuevo enfoque reconoce que la disciplina fiscal varía a lo largo del tiempo, exigiendo ajustes más grandes para los países con desafíos de deuda significativos.

Esto contrasta con el régimen anterior, donde la convergencia hacia objetivos presupuestarios a medio plazo tenía una diferenciación limitada entre los estados miembros.

En la primera ronda de presentaciones de PMF, 15 de los 16 países de la zona euro tuvieron sus planes aprobados, sin embargo, tres países – Alemania, Lituania y Austria – no lograron presentar sus planes, lo que generó preocupaciones sobre el respaldo político y las perspectivas fiscales a corto plazo.

Notablemente, una minoría de países, incluyendo Bélgica, España, Francia, Italia y Finlandia, ha optado por seguir períodos de ajuste extendidos comprometiéndose a reformas estructurales y a la inversión pública, que en conjunto representan una porción sustancial del PIB de la zona euro.

La adopción de PMF muestra variabilidad en el cumplimiento de las directrices fiscales previas de la Comisión Europea, con muchos estados miembros proyectando un crecimiento acumulativo del gasto neto más alto de lo aconsejado anteriormente.

Un riesgo notable es evidente, ya que los países con altos niveles de deuda pública están obligados a gestionar tasas de crecimiento menores del gasto neto promedio debido a altas proporciones de gasto primario existente, lo que podría amenazar los objetivos fiscales.

Las reformas tienen como objetivo asegurar que los ajustes fiscales se adhieran al principio de 'no retroceso', evitando el aplazamiento imprevisto de medidas fiscales necesarias.

En una evaluación paralela de los impactos macroeconómicos, se proyecta que las políticas fiscales discrecionales introducidas en la zona euro desde el inicio de la pandemia de COVID-19 hayan tenido un efecto considerable en el crecimiento del PIB real y en la inflación.

Un análisis basado en modelos indica que, aunque se proporcionó un apoyo sustancial a través de diversas políticas fiscales durante 2020 y 2021, las medidas se retiraron significativamente a partir de 2022, transitando hacia una postura fiscal más restrictiva para 2024. La magnitud de las medidas fiscales discrecionales indica un impacto fiscal expansivo a largo plazo en toda la zona euro, a pesar del anticipado ajuste fiscal en los próximos años.

Las medidas políticas, diseñadas para mitigar los efectos de la pandemia y abordar la crisis energética, se evalúan aún más por sus implicaciones macroeconómicas, destacando la sensibilidad de estas intervenciones a las condiciones y suposiciones económicas subyacentes.