El número de universidades privadas en España (46) está a punto de superar a las públicas (50) por primera vez, un hecho que refleja una significativa transformación en el panorama educativo del país. Desde 1998, no se ha creado un nuevo campus público, mientras que las universidades privadas han experimentado un crecimiento del 368% en el número de matriculados.

Esta tendencia ha suscitado preocupaciones en el Gobierno, especialmente bajo la administración del presidente Pedro Sánchez, quien ha lanzado una ofensiva contra las instituciones privadas.

Desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, el número de estudiantes matriculados en universidades privadas aumentó un 55%, pasando de 291,418 a 452,485, en contraste con un leve incremento del 0.17% en las universidades públicas, que fueron de 1,307,632 a 1,309,974.

En el periodo del Gobierno del Partido Popular (2011-2018), también se observó un crecimiento en las universidades privadas (44%), aunque las públicas aún registraron un aumento del 4.6%.

Investigaciones indican que desde 2015 ha habido una reducción del 2% en las plazas disponibles en las instituciones públicas, marcando un cambio notable en la dinámica de matriculación.

Las razones detrás de este estancamiento incluyen la escasez de profesores en determinadas áreas, como Matemáticas, y la falta de financiamiento por parte de las comunidades autónomas (CCAA), que han afectado la capacidad de las universidades públicas para abrir más grupos.

Los rectores han expresado que las presiones financieras de los gobiernos regionales les impiden ampliar su oferta académica.

Esta situación se agrava en comunidades como Madrid, Andalucía y Cataluña, donde el aumento de instituciones privadas ha incrementado la competencia por el alumnado.

Otro factor que contribuye a esta situación es la inflación de las calificaciones de acceso a la universidad, exacerbada por las facilidades otorgadas a los estudiantes durante la pandemia de COVID-19. En 2022, se registraron 100,000 inscripciones más en universidades públicas en comparación con 2019, lo que representa un aumento del 26%.

Dado que las notas obtenidas en la Selectividad son transferibles entre comunidades autónomas, los estudiantes ahora compiten por un número estático de plazas en las universidades públicas, lo que ha llevado a un incremento en la demanda hacia las universidades privadas.

En cuanto a empleabilidad, datos recientes muestran que los graduados de universidades privadas tienen tasas de afiliación más altas a la seguridad social y mejores condiciones laborales en términos de salarios y contratos indefinidos en comparación con sus contrapartes de universidades públicas.

Estudios sugieren que factores socioeconómicos, como el nivel educativo de los padres, influyen en estas diferencias.

Las universidades privadas tienden a ofrecer carreras con un enfoque directo hacia la inserción laboral, mientras que las públicas ofrecen una gama más amplia de titulaciones, incluyendo áreas de investigación y humanidades, que pueden resultar en ventajas a largo plazo.

El Gobierno español también está abordando la cuestión de las universidades fraudulentas, conocidas como 'chiringuitos'.

Desde 2021, se había establecido un marco legal para su creación y reconocimiento, pero los resultados han sido considerados insuficientes.

El nuevo decreto anunciado por Sánchez impone requisitos más estrictos para la creación de instituciones universitarias, incluyendo un mínimo de 4,500 estudiantes en los primeros cinco años, solidez económica y más exigencias en investigación. Sin embargo, críticos del sistema universitario advierten que carecen de mecanismos eficaces para hacer cumplir estas nuevas regulaciones.