Asunción, Paraguay – El 25 de marzo de 2023, varias organizaciones sociales realizaron una marcha por las calles del centro de Asunción, marcando el primero de tres días de protestas planificadas contra el gobierno del presidente Santiago Peña. Los manifestantes expresaron sus preocupaciones sobre la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia mientras exigían un mejor acceso a empleos, educación y atención médica.

La manifestación comenzó en la Plaza Uruguaya y avanzó hacia la Plaza de Armas, situada frente al Congreso.

A pesar de las condiciones climáticas desfavorables, incluyendo lluvia, los participantes mantuvieron su determinación, cantando consignas como 'fuera Santi Peña' y 'la lucha triunfará'.

Figuras clave de varios sectores participaron en las protestas, incluidos trabajadores, jubilados y representantes de diversos grupos sociales, enfatizando un llamado colectivo por la rendición de cuentas del gobierno.

En un contexto separado pero relacionado, los jueces especializados en violencia doméstica expresaron preocupaciones significativas sobre las reformas judiciales inminentes que entrarán en vigencia debido a la 'Ley Bolaños'. Esta legislación redirigirá todos los casos de violencia sexual a los tribunales que manejan específicamente la violencia contra las mujeres, lo que ha alarmado a la judicatura sobre un inminente 'colapso total' del sistema.

La reunión de jueces con funcionarios del Ministerio de Justicia no produjo planes claros para mitigar la sobrecarga anticipada de casos.

El Secretario de Justicia, Manuel Olmedo, se comprometió a aprobar un decreto real para crear posiciones judiciales adicionales en los tribunales donde los jueces de instrucción no pueden ser convertidos en jueces civiles.

Sin embargo, los jueces salieron de la reunión sin una comprensión definitiva de los cambios que se avecinan.

La judicatura destacó sus profundas preocupaciones respecto a la ley, expresando que la configuración actual sobrecargaría los tribunales especializados encargados de abordar la violencia doméstica, amenazando la examen oportuno y exhaustivo de los casos que involucran a víctimas, muchos de los cuales son niños.

Las preocupaciones sobre fallos sistémicos fueron reiteradas por Myriam Quintero, jueza especializada en violencia de género de Sevilla, quien caracterizó los cambios legislativos venideros como una 'mezcla explosiva' que podría crear un embotellamiento en el proceso judicial.

La declaración colectiva de los jueces subrayó la alarmante perspectiva de abrumar los tribunales, comprometiendo potencialmente el apoyo brindado a las víctimas de violencia doméstica.

Actualmente, España cuenta con 121 tribunales enfocados en la violencia contra las mujeres, con solo un puñado operando continuamente en base de turno.

La mayoría procesa casos durante el horario laboral estándar, ya enfrentando una saturación sin precedentes debido a demandas concurrentes y recursos limitados.

Los jueces expresaron su preocupación de que las nuevas reformas legales parecen estar motivadas políticamente, desatendiendo la capacitación especializada necesaria para abordar adecuadamente tanto la violencia sexual como la violencia de género.

Tales cambios podrían llevar a un aumento significativo en la carga de trabajo judicial, ya que la nueva ley podría escalar el volumen de casos procesados en al menos un 20%.

En otros desarrollos relacionados, las recientes lluvias en varias regiones de España, particularmente en Cataluña, han llevado a un notable aumento en los niveles de agua en embalses cruciales.

El embalse de Siurana, esencial para suministrar agua a la región del Priorat, vio como sus niveles aumentaron al 21% tras períodos de sequía prolongados, creando un discurso urgente sobre la gestión del agua en medio de las demandas agrícolas en curso.

Las recientes decisiones del Comité Regional de Sequía han marcado el levantamiento de las restricciones en el suministro de agua en extensas áreas de Andalucía, aunque regiones como Levante Almeriense siguen bajo condiciones de emergencia severas debido a escasez crítica.

Hasta ahora, se ha logrado más del 51% de capacidad en las cuencas mediterráneas, indicando un alivio de la crisis de sequía, sin embargo, persisten los llamados a prácticas sostenibles en medio de preocupaciones sobre la fiabilidad de los recursos hídricos en el futuro.