En medio de la compleja dinámica de la banca española, el futuro del Banc Sabadell está siendo objeto de intensos debates y estrategias.

El Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, está examinando diversas medidas destinadas a proteger al Sabadell de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil presentada por el BBVA, presidido por Carlos Torres.

En este contexto, se ha transmitido a Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, que la creación de un núcleo duro de accionistas podría facilitar la resistencia frente a los embates del BBVA y suavizar el costo político de cualquier acción que decida tomar el Ejecutivo.

Este mensaje ha sido recibido y analizado en la sede del banco catalán, lo que podría llevar a Oliu a estar dispuesto a aceptar una disminución en su poder de control sobre la entidad.

Los cercanos a Oliu argumentan que la concentración de bancos como la que propone el BBVA podría perjudicar el interés general y la competencia, además de eliminar un banco que sirve a las empresas.

Desde esta perspectiva, los analistas sugieren que el Gobierno debería actuar para frenar la OPA.

Como antecedente, se menciona la reciente decisión del Gobierno italiano de imponer condiciones estrictas a Unicredit respecto a su OPA sobre Banca Popolare di Milano (BPM), que incluye la venta de su filial en Rusia y la obligación de mantener cuotas de crédito tanto público como privado.

Unicredit no ha ofrecido un pronunciamiento oficial sobre estas medidas.

En España, el Gobierno ha diagnosticado que el Banc Sabadell ha quedado rezagado del reducido grupo de grandes bancos como Santander, BBVA y CaixaBank, lo que lo hace susceptible a ofertas hostiles, tanto nacionales como internacionales.

Actualmente, los principales accionistas del Sabadell son David Martínez Guzmán, un inversor mexicano, y la aseguradora Zurich, con participaciones estimadas cercanas al 4% cada uno.

Las opciones que se barajan para que el Sabadell pueda llevar a cabo una operación que refuerce su posición antes de que el Gobierno implemente condiciones más estrictas en un plazo de aproximadamente dos meses incluyen: una fusión con Unicaja, una fusión con Abanca, o la entrada de un nuevo accionista que adquiera una participación significativa mediante compras directas en el mercado.

La legislación española establece un "deber de pasividad" que limita a los gestores de un banco afectado por una OPA en hacer actos que promuevan la compra de acciones por terceros, lo que incluye la búsqueda de nuevos socios.

Esto genera un debate sobre la viabilidad legal de negociar una fusión, que requeriría también la aprobación de una junta de accionistas.

Oliu había ya explorado una fusión con Unicaja antes del anuncio de la OPA del BBVA.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a una crisis de gobernanza en el banco malagueño, que se había fusionado previamente con Liberbank en 2021. En ese contexto, Unicaja se había mostrado reacia a avanzar, a la vez que se planteaba la necesidad de mantener la sede del nuevo banco en Málaga, algo que en el pasado habría sido aceptable, pero que ya no es viable tras el reciente cambio de sede del Sabadell.

En lo que respecta a Abanca, actualmente controlada por el inversor hispano-venezolano Juan Carlos Escotet con un 85% de participación, no ha habido avances significativos en una posible alianza con el Sabadell.

Desde que asumió la presidencia del Sabadell en 1999, Oliu ha intentado aumentar el tamaño del banco para posicionarlo entre los líderes del sector financiero español, al mismo tiempo que ha buscado crear una base estable de accionistas para evitar opas hostiles.

No obstante, el banco ha experimentado diversas dificultades, desde operaciones en bolsa hasta fusiones y adquisiciones de otros bancos.

Más de la mitad de la capitalización del Sabadell está en manos de inversores institucionales, que tienden a estar menos interesados en el manejo de la entidad y más enfocados en las métricas financieras.

Esta estructura accionarial ha dejado al futuro del Centenario Banco Catalán en una situación delicada.

Por su parte, el BBVA ha solicitado al Gobierno que no interfiera en la operación y permita que su propuesta avance sin problemas adicionales.