En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el deterioro de la atención sanitaria pública en Andalucía, los residentes se están movilizando por sexta vez en una serie de protestas organizadas por Marea Blanca, una plataforma civil que representa tanto a los profesionales de la salud como al público.

La última manifestación está programada para llevarse a cabo en Sevilla, la capital de la región, y contará con el apoyo de cuatro de los cinco sindicatos laborales involucrados en la mesa de negociación con el gobierno andaluz: UGT, CC OO, Satse y Cesif.

Juan Monedero, un médico retirado y portavoz de Marea Blanca en Osuna y la Sierra Sur de Sevilla, afirmó que se habían utilizado todos los medios de transporte disponibles para las protestas, enfatizando la amplia participación de la comunidad en el tema.

Antonio Macías, responsable del área de salud de UGT-Andalucía, destacó que los problemas que afectan a la atención sanitaria pública van más allá de las preocupaciones profesionales y son problemas sistémicos que impactan a los usuarios en general.

Los manifestantes buscan llamar la atención sobre la necesidad de cambios en las políticas del presidente Juan Manuel Moreno, citando una recogida sustancial de 100,000 firmas entregadas recientemente al gobierno, abogando por mejoras en el sistema de salud.

Las críticas recientes de los trabajadores de la salud subrayan las frustraciones con el aumento de los tiempos de espera para las citas.

Los pacientes reportan demoras que superan los 15 días para visitas de atención primaria y meses para atención hospitalaria especializada, lo que lleva a listas de espera quirúrgicas en aumento caracterizadas por desigualdades e injusticias.

Los organizadores de la protesta argumentan que los intentos del gobierno por minimizar estos problemas no logran reconocer las realidades que enfrentan aquellos que dependen de la atención sanitaria pública.

Si bien el gobierno andaluz ha citado significativas inversiones en salud en los últimos años, incluyendo un aumento de mil millones de euros en el presupuesto de 2025 y refuerzos de personal, persisten las preocupaciones sobre el acceso y la calidad.

El presidente Moreno ha reconocido las dificultades que muchos enfrentan para asegurar citas con médicos de familia, comprometiéndose a reformas destinadas a mejorar la accesibilidad a las citas, incluyendo promesas de respuestas telefónicas oportunas y una mayor disponibilidad de consultas por la tarde.

No obstante, los profesionales de la salud expresan escepticismo sobre la efectividad de estas medidas, particularmente en lo que respecta a la continuidad de la atención al paciente.

Los problemas relacionados con la gestión de citas han generado más irritación entre los proveedores de atención sanitaria.

Por ejemplo, los pacientes a menudo reciben derivaciones sin una evaluación personal adecuada, lo que resulta en pruebas innecesarias y socava la calidad de la atención.

Los críticos argumentan que los contratos a corto plazo y la falta de estabilidad contribuyen significativamente a la insatisfacción de los trabajadores de la salud, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la fuerza laboral en la región.

Los pacientes informan dificultades para programar citas, y los proveedores de atención sanitaria señalan la disminución de la moral del personal, particularmente en áreas rurales donde el reclutamiento resulta más complicado.

A pesar de los acuerdos previos forjados entre los sindicatos y el gobierno sobre los estándares de atención primaria, los proveedores han expresado frustración por compromisos no cumplidos, incluidas las incentivos para profesionales en regiones desatendidas.

Varios sindicatos de salud, ya comprometidos en protestas y deliberaciones con el gobierno, han intensificado recientemente sus esfuerzos a la luz de los problemas prevalentes, exacerbados por la falta de personal y el aumento de la insatisfacción pública.

En un contexto más amplio, la privatización sistemática de los servicios de salud pública ha sido un punto de controversia.

El uso de contratos de emergencia por parte del gobierno andaluz desde 2020 ha suscitado escrutinio, con investigaciones en curso sobre la adjudicación de contratos a entidades privadas en medio de una creciente demanda pública de servicios de salud.

Los informes indican que una parte significativa de los fondos destinados a abordar las listas de espera quirúrgicas se ha asignado a acuerdos de conciertos privados, en contraste con las percepciones públicas de servicios en deterioro.

Los testimonios personales de individuos que esperan tratamiento añaden urgencia a los movimientos de protesta.

Los residentes destacan casos donde procedimientos quirúrgicos esenciales se han retrasado considerablemente debido a problemas sistémicos, subrayando el impacto humano real de la crisis sanitaria.

Los funcionarios locales, incluidos los alcaldes de las zonas afectadas, han declarado abiertamente su apoyo a las protestas, reflejando un creciente consenso entre diversas partes interesadas de que es necesaria una reforma sistémica para restaurar la confianza en los servicios de salud pública en toda Andalucía.